Test Policial en denuncia de violencia de género

El Test de Evaluación de Riesgo en Casos de Violencia de Género: ¿Una Práctica Objetiva o una Herramienta Potencialmente Injusta?

En los últimos años, la violencia de género ha sido un tema prioritario en las agendas sociales y políticas de muchos países, incluido España. Para proteger a las víctimas, se han implementado medidas que buscan evaluar el riesgo que corre una persona al estar en una situación de violencia de género. Entre esas medidas se encuentra un test que la policía realiza a la presunta víctima para determinar el grado de peligrosidad del denunciado. Aunque este tipo de herramienta tiene un propósito loable, su ejecución y metodología plantean serias preocupaciones, especialmente en relación con la objetividad y los derechos fundamentales del acusado.

¿Cómo funciona el test?

El test es un cuestionario basado en un programa que utiliza una serie de preguntas formuladas directamente a la presunta víctima. El objetivo es identificar posibles factores de riesgo que puedan situar a la denunciante en una situación de vulnerabilidad o peligro inmediato. A partir de las respuestas obtenidas, se clasifica el nivel de riesgo en diferentes categorías: bajo, medio, alto o extremo. Este nivel de riesgo tiene consecuencias importantes, ya que si el riesgo es catalogado como medio o alto, el presunto agresor puede ser detenido preventivamente, a veces incluso sin pruebas concluyentes o testigos que corroboren la denuncia.

Una metodología sesgada

La mayor problemática de este sistema radica en que las preguntas son dirigidas exclusivamente a la presunta víctima, sin que se tenga en cuenta la versión del denunciado ni pruebas objetivas en ese momento. Esto abre la puerta a posibles manipulaciones. En casos donde la denuncia sea falsa o tenga motivaciones ajenas a la violencia de género, las respuestas proporcionadas por la denunciante pueden alterar los resultados del test, afectando gravemente al denunciado.

Si bien es cierto que la protección de las víctimas es crucial, no puede pasarse por alto la posibilidad de que una persona denunciada sea injustamente tratada, basándose solo en el testimonio de la denunciante. El hecho de que este test pueda determinar la detención de una persona sin pruebas concluyentes o sin un proceso judicial previo pone en riesgo el derecho a la presunción de inocencia, uno de los pilares fundamentales del derecho.

El impacto en la presunción de inocencia

La Constitución Española, al igual que los tratados internacionales de derechos humanos, protege el derecho de toda persona a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, este tipo de test puede poner en peligro ese derecho al considerar al denunciado como un potencial agresor únicamente en base a las respuestas de la denunciante.

Esta metodología no solo es potencialmente injusta, sino que también podría violar el artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a un juicio justo y a no ser sometido a sanciones sin pruebas o debido proceso. La detención de una persona basada en un test que se fundamenta únicamente en las declaraciones de una de las partes en un conflicto carece de la imparcialidad y objetividad necesarias para garantizar la justicia.

Posibles soluciones

No se trata de eliminar la herramienta, sino de reformarla. Para evitar los abusos y mantener la protección de los derechos fundamentales, el sistema debería ser más equilibrado y tomar en cuenta varios factores. Algunos pasos que podrían mejorar su objetividad incluyen:

1. Incluir pruebas objetivas: En lugar de basar el test únicamente en el testimonio de la presunta víctima, debería complementarse con la recopilación de pruebas físicas, testigos, antecedentes y otros elementos verificables antes de tomar una decisión sobre la detención del denunciado.

2. Entrevistar a ambas partes: Sería justo y equilibrado que también se entrevistara al denunciado antes de tomar medidas basadas en un test de riesgo. Esto proporcionaría una visión más completa y permitiría que las autoridades tomaran decisiones más informadas.

3. Revisar el sistema de detención preventiva: La detención de un presunto agresor solo debería realizarse cuando exista evidencia clara y contundente de peligro inminente. Basarse únicamente en un test cuestionable puede dar lugar a detenciones arbitrarias, lo que vulnera el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia.

   Ejemplo real:

   En 2018, un hombre en la Comunidad de Madrid fue denunciado por su ex pareja, quien alegaba que él había amenazado con hacerle daño. Durante el proceso de evaluación de riesgo, las respuestas de la mujer llevaron a que el nivel de peligrosidad fuera clasificado como "alto". Como resultado, el hombre fue detenido preventivamente. Posteriormente, se descubrió que la denunciante había manipulado la información para conseguir una ventaja en un proceso de custodia. A pesar de que la denuncia fue desestimada, el hombre estuvo detenido varios días y sufrió un estigma social considerable.

Otro caso preocupante:

En Sevilla, un hombre fue acusado falsamente por su pareja de violencia de género tras una disputa económica. A pesar de que no había testigos ni pruebas físicas que respaldaran la denuncia, el test de evaluación de riesgo determinó un nivel de peligro "medio", lo que provocó su detención. Tras la investigación, se demostró que la denuncia era infundada, pero el acusado pasó varios días bajo custodia policial y enfrentó la pérdida de su empleo.

Este tipo de ejemplos reflejan cómo la aplicación de este test, en ausencia de pruebas sólidas, puede dar lugar a violaciones del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Conclusión

El test de evaluación de riesgo en casos de violencia de género es una herramienta diseñada para proteger a las víctimas, pero su ejecución, tal como se aplica hoy en día, presenta serias deficiencias. Al basarse únicamente en el testimonio de la presunta víctima, se corre el riesgo de que una persona sea detenida de manera injusta, violando sus derechos fundamentales. Es fundamental que, en la lucha por la protección de las víctimas, no se sacrifiquen los derechos de las personas denunciadas sin pruebas suficientes. Una reforma de este sistema es necesaria para garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos en todos los casos.